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Sentencia del Tribunal Supremo: aplicación de la exención en el IBI a las entidades no lucrativas

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El pasado 22 de junio de 2020, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó su Sentencia 835/2020, en la que se presenta, como cuestión de interés casacional, determinar si la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo impone a los Ayuntamientos la aplicación de la exención en los tributos de su competencia del artículo 15a partir de la estricta comunicación al órgano competente de la opción efectiva por la aplicación del régimen fiscal especial previsto para las entidades sin fines lucrativos; o si se entiende que el sujeto pasivo debe interesarse por su reconocimiento de manera nominal, individualizada y detallada respecto de todos y cada uno de los impuestos a los que afecta, aun cuando se verifique en un solo escrito.

El recurso tiene su origen en la resolución del Ayuntamiento de Ciempozuelos nº 467/2013, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la Real Asociación de Hidalgos de España (RAHE) contra la denegación de la exención del pago del IBI de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, en relación con un inmueble de su propiedad.

A lo largo del proceso, el Ayuntamiento de Ciempozuelos sostiene que: «La doctrina del Tribunal Supremo tiene declarado que la obtención de los beneficios derivados de la sujeción  al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 no se produce «ope legis», sino que han de ser solicitados y acreditados por el interesado, lo que conlleva el efecto del nacimiento posterior del beneficio por aplicación del artículo 75 de la Ley de las Haciendas Locales» Por lo que «al tratarse de una exención de carácter rogado que se ha solicitado una vez devengado el Impuesto y comenzado el periodo impositivo, la efectividad de la exención del IBI debería de aplicarse en el año 2013 y siguientes«.

Por su parte, la RAHE entiende que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 12070/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y en los apartados 1 y 4 del artículo 15 de la Ley 49/2002, de 23 diciembre, «no puede considerarse exigible una doble comunicación a la administración local, una para la exención en el IAE y otra para la exención del IBI, si la administración tributaria, en razón del domicilio de la actividad y de la localización de los bienes inmuebles es la misma; bastando que la comunicación permita a la administración conocer los términos en que se interesa la efectividad de la exención.

Finalmente, el TS resuelve entendiendo que: «En relación con el IAE, el artículo 9.1 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del IAE, establece que el reconocimiento de los beneficios fiscales relativos al IAE ha de solicitarse, con lo que se trata de una exención rogada. Sin embargo, esto no ocurre con el IBI al no existir ninguna disposición similar en otra Ley o Reglamento. Por tanto, en relación con el IBI, nos hallamos ante una exención ex lege, siendo el único requisito el de comunicar al Ayuntamiento la opción por el régimen especial tal y como se indica en el artículo 14.1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre

En síntesis, a raíz de esta sentencia del TS, resulta posible afirmar que:

  • Lo que está previsto en la Ley es una comunicación al Ayuntamiento, que no una solicitud, para disfrutar de la exención del IBI;
  • El ejercicio de la opción por la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos tiene carácter constitutivo, mientras que la comunicación al Ayuntamiento tiene carácter declarativo de una realidad preexistente;
  • El Ayuntamiento no tiene competencia ni para la concesión ni para la denegación de la exención;
  • La normativa no concreta el modelo de comunicación ni tampoco el plazo para trasladarla al Ayuntamiento.

Covid-19: Presentación del Impuesto de Sociedades y nuevos plazos para la formulación y aprobación de las cuentas anuales

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Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 19/2020, se ha producido un cambio en los plazos que inicialmente se habían previsto para la formulación y aprobación de las cuentas anuales de las entidades de derecho privado, a través de la modificación del artículo 40 del RDL 8/2020.

En virtud de la disposición final octava de dicho Real Decreto – Ley, el inicio del cómputo del plazo de tres meses para formular las cuentas se fija el 1 de junio con independencia de cuándo se levante el estado de alarma. Además, se reduce el plazo de aprobación de las cuentas a dos meses, una vez expirado el plazo de formulación.

La nueva redacción no hace mención expresa a las fundaciones, si bien el artículo 40 se refiere a cualquier persona jurídica por lo que se entendería de aplicación también a las fundaciones, tal y como recogimos en notas informativas anteriores y ha establecido el protectorado de fundaciones de competencia estatal.

Siguiendo con el indicado criterio de interpretación, las fundaciones que no auditen sus cuentas, tendrán un plazo de cinco meses a contar desde el 1 de junio de 2020 para formular y aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, tal y como ha señalado la  Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP ) en su resolución de 5 de junio de 2020.

Por otra parte, y respecto del plazo declaración del impuesto de sociedades (“IS”), el artículo 12 del Real Decreto-Ley 19/2020, se mantiene el plazo establecido en el artículo 124.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Esto es, la declaración del IS se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo, lo que para las entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural será antes del 27 de julio de 2020.

 En el supuesto de que, a esa fecha, no se hayan aprobado las cuentas anuales de la entidad, el mencionado artículo 12 se refiere al concepto de “cuentas anuales disponibles”, entendiendo por tales las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo establecido en las normas que resulten de aplicación. Si las cuentas anuales aprobadas difirieran de las empleadas para la presentación del IS, antes del 30 de noviembre de 2020 se habrá de presentar una autoliquidación del impuesto que sea conforme a las cuentas anuales aprobadas.

Cabe recordar que, aún en el caso de que las fundaciones no tengan que liquidar IS por aplicación del régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en todo caso están obligadas a presentar la declaración de dicho impuesto en tiempo y forma.”